Resumen: La Sala IV reitera doctrina relativa al acceso al recurso de suplicación en un supuesto de infracción administrativa en materia de seguridad social, que viene determinado por la cuantía general de 3000 euros, regla del art 191.2 g) LRJS, y no por la cuantía de 18000 euros (artículo 191.3 g) LRJS), que se ciñe a las sanciones en materia laboral. Argumenta que el art 191.3 g) LRJS, que establece el umbral de 18000 euros para el acceso al recurso de suplicación, se ciñe a la impugnación de actos administrativos en «materia laboral», sin extenderse a la impugnación de actos administrativos en materia de seguridad social, lo que conduce a que estos últimos deban regirse por la regla general del artículo 191.2 g) LRJS, que establece el umbral de 3000 euros para el acceso al recurso de suplicación. En el caso analizado, tras la correspondiente acta de infracción, la TGSS impuso una multa a la recurrente por la infracción grave tipificada en el artículo 22.2 LISOS, precepto que se inserta en el capítulo III de la LISOS sobre «infracciones en materia de seguridad social» y no en el capítulo II sobre «infracciones en materia laboral». La doctrina ha establecido, al ceñirse el artículo 191.3.g) LRJS a la impugnación de actos administrativos en «materia laboral», que a la impugnación de actos administrativos en materia de seguridad social se le ha de aplicar la regla general del artículo 191.2 g) LRJS.
Resumen: Impugnándose por CCOO una subrogación de trabajadores de la empresa transportes Caudete cuyo centro de trabajo radica en la provincia de Albacete, la Audiencia Nacional estima su falta de competencia objetiva para conocer de la pretensión, resultando a tales efectos irrelevante que la empresa en la que van a ser subrogados radique en la Región de Murcia. Habiéndose declarado incompetente previamente el Juzgado de lo Social de Albacete, se le eleva cuestión de competencia ante la Sala IV del TS:
Resumen: Interpuesta demanda plural ante el Juzgado de lo Social número 17 de los de Madrid declinó su competencia en favor de la Audiencia Nacional. La Sala considera que tratándose de una reclamación plural y no colectiva la competencia le viene atribuida al Juzgado de lo Social, por lo que eleva cuestión de competencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Resumen: El debate casacional radica en dilucidar si el orden jurisdiccional social es competente para conocer de la demanda de conflicto colectivo contra la Xunta de Galicia en la que se solicita que se declare que el personal laboral fijo en plaza funcionarizable que está incluido en el convenio colectivo de la Xunta tiene derecho a acceder a la carrera profesional establecida en el Acuerdo de 27/12/2018 sin exigirles el requisito de funcionarización.La misma pretensión respecto del personal temporal e indefinido no fijo. Y que el personal temporal o indefinido no fijo en plaza no funcionarizable tiene derecho a percibir el complemento equivalente establecido para el personal laboral fijo en plaza no funcionarizable. El Acuerdo no reconoce el derecho de los trabajadores temporales ni indefinidos no fijos al sistema de carrera profesional, ni a percibir el citado complemento equivalente. La parte demandante considera que la exclusión de estos trabajadores es discriminatoria. Razona la sentencia que a interpretación y aplicación de los actos plurales o mixtos de las Administraciones públicas que afectan conjuntamente al personal laboral y al funcionarial o estatutario está atribuida al orden contencioso- administrativo. Se declara la incompetencia material respecto de las tres pretensiones ejercitadas por la parte actora (CSIF y de CNT-Galicia).
Resumen: El beneficiario se encontraba en IT y al cumplirse los 365 días se le prorrogó e inició expediente de declaración de IP siendo denegada por Resolución de 14/10/19, notificada al actor el 18/10/19, solicita que se extienda la prestación de IT hasta la fecha de la notificación denegatoria de la IP, debiendo ser esa fecha la de la extinción del subsidio. El JS estimó y el TSJ confirmó. En cud el INSS cuestiona la fecha a la que debe estarse para el abono de la prestación de la IT reclamada si a la fecha de la resolución administrativa o hasta la notificación de la resolución al beneficiario. La Sala IV examina su competencia funcional al haber sido cuestionada por el MF, remite a su rcud. 1289/21, por la abundante litigiosidad y la recurribilidad de la sentencia apreciando la notoriedad para el Tribunal de litigiosidad relevante y actual. Sobre el fondo reiterando doctrina el abono del subsidio debe mantenerse hasta la fecha de la notificación de la resolución administrativa. Reproduce la doctrina del rcud 1289/21, entre otros muchos rcuds. 456/19, 3448/20, 3468/20, el subsidio debe subsistir hasta la notificación sólo a partir de ese momento el trabajador puede incorporarse a su puesto de trabajo y tener derecho a lucrar el salario no pudiendo perjudicarle la demora en la notificación. Señalo que el recurso pudiera haberse inadmitido por falta de contenido casacional pero admitido muta la acusa en desestimación en sentencia.
Resumen: Impugnación de resolución de la Dirección General de Trabajo o ratificada por la Ministra de Trabajo y Economía Social. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sólo tiene competencia cuando la potestad originaria para dictar la resolución no corresponde al Ministro o al Secretario de Estado cuando estos órganos en vía de fiscalización o de tutela modifican el criterio del órgano inferior.
Resumen: La Sala IV desestima la demanda de revisión frente a la STSJ Madrid que declaró procedente el despido disciplinario del demandante, que se justifica en su posterior absolución en el orden penal, poniendo fin a la denuncia patronal. Se recuerda el carácter extraordinario y excepcional de la revisión de sentencias firmes que solo se puede justificar en las causas establecidas. Superados los presupuestos procesales para su admisión a trámite – agotamiento de los recursos y presentación en plazo - se analiza la causa alegada, ex art 86.3 LRJS, cuestión prejudicial penal finalizada por sentencia absolutoria. Tras reiterar doctrina en interpretación de dicho precepto se estima que no concurren los presupuestos para que la sentencia dictada en el proceso penal actúe como motivo de revisión de la sentencia laboral. Si bien la sentencia penal absolvió al trabajador de los delitos denunciados por la empresa, resulta que el art 86.3 LRJS requiere que esa exculpación se refiera a los mismos hechos que los examinados laboralmente y que se deba a ausencia de participación o inexistencia de los mismos, no bastando la mera absolución penal por aplicación de la presunción de inocencia. Lo relevante para desestimar la demanda de revisión es que la procedencia del despido fue declarada por los Tribunales del orden social con base en unos hechos sin relevancia penal de forma que las conductas del trabajador analizadas en el proceso laboral y en el penal son absolutamente diferentes.
Resumen: La actora en 2010 suscribe contrato administrativo a TC de auxiliar de limpieza para cobertura temporal de vacante con Ayuntamiento, se le comunica extinción por amortización el 12/04/21, con posterioridad el 3/08 suscriben contrato de trabajo de relevo a TP con duración hasta 2/08/24. Se impugnó frente al contrato administrativo extinguido. El JS estimó y declaró la improcedencia del despido efectuado por el Ayuntamiento. El TSJ confirmó, la apariencia formal del contrato no impide otorgar a la relación la verdadera naturaleza declarando la competencia del orden social por encubrir fraudulentamente aquel contrato una relación laboral. En cud recurre el Ayuntamiento cuestiona la jurisdicción competente para conocer la demanda por despido interpuesta frente a la decisión extintiva del contrato administrativo al ser inusualmente largo. La Sala IV estimó porque no se trata de un contrato de trabajo (refiere los arts. 1.3 ET y 2 LRJS), ni aprecia que el cauce de la contratación administrativa utilizada esté fuera de los supuestos contemplados en la Ley. El abuso denunciado no se refiere a la procedencia de la interinidad objeto del contrato administrativo sino por el abuso por su duración injustificadamente larga. No es competente el orden social, es un contrato administrativo de personal de la AP conoce la jurisdicción contencioso-administrativa. La irregularidad no altera la naturaleza contractual
Resumen: El Juzgado ha estimado un grado de discapacidad del 25% y la entidad recurrente cuestiona que exista capacidad del órgano judicial para examinar la valoración realizada en la vía administrativa. La Sala desestima el recurso y precisa que si bien el reconocimiento, declaración y calificación de un grado de discapacidad se efectúa conforme a la baremación existente en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, y dicha valoración corresponde efectuarla al Organismo Público encargado reglamentariamente, debiendo aceptarse la misma por regla general, ello no impide que se revise por los tribunales, los que tienen capacidad para realizar la corrección oportuna.
Resumen: La actora prestó servicios a TC como limpiadora para una contrata de la ULE, se reduce la contrata y se convierte la relación en fija discontinua excepcionando la prestación de servicios los días de verano (75 días), revertido el servicio a la Universidad ofrece reducir la inactividad a 35 días, no lo aceptó (sí el resto de trabajadores y comité de empresa), la nueva adjudicataria concierta inactividad de 35 días, reclama la MSCT e indemnización. El JS desestimó sin apreciar existencia de MSCT. El TSJ rechaza que sea recurrible en suplicación al no existir MSCT colectiva. En cud se cuestiona en 2 motivos el acceso al recurso por denuncia de derechos fundamentales y por razón de la cuantía. La Sala IV recordó que la competencia funcional es cuestión de orden público procesal apreciable de oficio. Cita el contenido de los arts. 191.2 e) y .3 LRJS, remite a su doctrina, si hay denuncia de DDFF el acceso al recurso se refiere a los aspectos relacionados con ellos pero no los aspectos de legalidad ordinaria que no tienen acceso a la suplicación rcud. 1363/19; y su la rectificación de doctrina en rcuds. 2589/20 y 4644/22 al señalar que no cabe suplicación frente a sentencia dictada en modalidad procesal de MSCT aunque incorpore reclamación en cuantía superior a 3.000€. En el caso no hubo reclamación de DDFF sin poso de discriminación, ni de la garantía de indemnidad la mera mención de preceptos no justifica apertura del recurso.
